El 21% de las empresas en Ecuador está en disolución, que es un paso previo a la liquidación o quiebra, y es una cifra que podría aumentar si llega el Fenómeno de El Niño. Para evitar un efecto contagio en el sector productivo, el presidente Guillermo Lasso propuso el 7 de julio de 2023 el decreto ley llamado Ley de Reestructuración Empresarial.
Se trata de una ley de quiebras, que en Estados Unidos se conoce como Capítulo 11 (Chapter 11). Según Esteban Ortiz, exintendente de Compañías, la propuesta es lo más moderno en derecho societario y su aprobación es urgente para enfrentar un escenario de eventual crisis económica debido a los riesgos climáticos próximos a enfrentarse.
Para su aplicación, el Gobierno requiere el dictamen favorable de la Corte Constitucional.
SALVAR A LAS EMPRESAS
El nuevo decreto ley del presidente Guillermo Lasso busca la reestructuración financiera de las empresas que son solventes, pero que están pasando por problemas de liquidez y de esa forma, salvarlas, explica Ortiz. Para ello, el decreto ley regula los llamados procesos concursales o concordatos, que permite a los deudores llegar a acuerdos de pago con sus acreedores.
¿CÓMO FUNCIONA?
Ortiz define a este mecanismo como “un tanque de oxígeno”, porque se suspenden los procesos judiciales que está enfrentando la compañía y obliga a los acreedores a sentarse con el deudor y hallar acuerdos de pago con los acreedores, dice Ortiz.
Además, bajo esa figura, las sociedades pueden dejar de pagar temporalmente sus préstamos a instituciones financieras. Uno de los problemas es que llegar a un concordato requiere ahora de la aprobación del 75% de los acreedores, lo que era muy difícil de conseguir.
Ortiz aclara que los pagos a los trabajadores no dejan de hacerse, sino que el concordato permite que siguen cumpliéndose a tiempo.
“Lo que le interesa al Estado es que una empresa no cierre, sino que siga con su actividad económica y, así, evitar que se pierdan empleos”, concluye Ortiz.